La autorización de la Xunta para construir plantas de gestión y tratamiento de basura dentro de los espacios protegidos de la Red Natura deberá asegurar que los edificios no rompan con el paisaje ni se ubiquen directamente sobre los hábitats más sensibles, los considerados de interés prioritario. La Consellería de Medio Rural, responsable del proyecto de Plan Director que permite la construcción de incineradoras de residuos en parajes protegidos, explica que el permiso debe “garantizar la integración de las edificaciones con el paisaje y los valores objeto de protección”. Además, esta ubicación tendrá que ser la alternativa “que mejor salvaguarde los valores ambientales, siempre y cuando no sean desarrollados directamente sobre tipos de hábitats de interés comunitario (con algunas excepciones)”.

Las consideraciones que debe tener en cuenta la Xunta para otorgar la autorización también han de contemplar que no haya en la zona especies de interés para la conservación y que no afecte de forma significativa a los elementos fundamentales para mantener la biodiversidad ni la conectividad y permeabilidad de los ecosistemas. El Plan Director, que está en periodo de alegaciones, permite la construcción de plantas de tratamiento de basura en toda la red ecológica, incluida la más sensible, la llamada zona 1. En ella, las plantas solo podrán ubicarse en los ayuntamientos que cuenten con un 40% de su suelo protegido, caso que se da en poco más del 5% de los municipios gallegos, puntualiza Medio Rural.

Tras las alegaciones presentadas por la asociación ecologista Adega, la Sociedade Galega de Ornitoloxía y la Sociedade Galega de Historia Natural critican en las suyas la “incoherencia entre la valoración ambiental de los espacios naturales, basada en criterios técnicos y científicos, y la zonificación”. El Plan Director divide la Red Natura en tres áreas con diferentes grados de protección, un reparto que para las dos sociedades está “condicionado por otro tipo de decisiones” y que “deja fuera de la categoría de máxima protección a más de 27.000 hectáreas con un valor ambiental muy alto”. Esto, dicen, “incumple” los propios criterios de zonificación del plan. Además, critican que se sean autorizables proyectos como las plantas de acuicultura en zonas “de máxima protección ‘teórica” a pesar de “haber alternativas con menor impacto”.

Vía: EL PAÍS