El Consejo de Ministros ha presentado un real decreto de medidas urgentes de carácter ambiental que afectan a materias como el agua, los residuos, los espacios protegidos y el comercio de CO2.

En primer lugar, el Estado ha recuperado las competencias sobre los ríos, también ha cambiado la legislación en materia de aguas subterráneas con el objetivo de reaccionar mejor a situaciones de emergencias, como las sequías.

Además de estas modificaciones, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes en otras áreas ambientales que afectan a la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley del Mercado de Valores en lo que tienen que ver con las subastas de derechos de emisión de gases de CO2 ligados al cambio climático.

Respecto a la Ley de Patrimonio, se quiere simplificar las figuras legales de protección que a menudo se solapan en un mismo territorio, con el objetivo de evitar retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos y compatibilizar la protección y conservación plenas con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos.

Respecto a los residuos, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que ataja el desarrollo de los sistemas de retornos de envases en boga en países del norte de Europa y que estaban siendo promovidos en España por colectivos como Retorna. Los Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) se establecerán a partir de ahora en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

En la práctica, supone cortar de raíz la posibilidad de que en España se vuelva al sistema de “devolución del casco”, que según estudios económicos ha mostrado ser más eficiente y barato en países como Alemania que el actual sistema integrado de gestión del cubo amarillo.

Por último, el Consejo de Ministros también reforma la Ley del Mercado de Valores para adaptar la normativa española a la europea y permitirá así el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Con esta adaptación normativa el Gobierno impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera competitiva e igualitaria con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las cinco principales organizaciones ecologistas españolas, consideran que las medidas anunciadas van por el mal camino.

Vía: EL MUNDO