La protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación social creciente y en uno de los objetivos esenciales de las políticas públicas en los últimos tiempos.
Por ello, el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, por el que se transpone una Directiva Comunitaria de 2008, que se aprobó hace unos días en el Senado, actualiza la legislación con el objetivo de hacerla más ambiciosa y eficaz, y sitúa a España en la línea de las nuevas políticas europeas sobre residuos.
Solo en la provincia de Pontevedra son más de 400.000 las toneladas de basura que se producen al año y apenas 30.000 las que se reciclan. Personalemente, cada pontevedrés genera al año casi media tonelada de basura de la que se reciclan apenas 30 kilos.
Son cifras alarmantes que han llevado a renovar una ley que pretende aumentar los niveles de recogida selectiva en cada comunidad autónoma evitando así que cada año los residuos generados alcancen cifras desorbitadas y ahorrando hasta 3 millones de euros a los 62 ayuntamientos de la provincia en tareas de recogida de basuras.
Un informe de Consumer reveló que en cada bolsa que no se recicla, el 14% de su contenido es plástico, latas y otros residuos metálicos forman otro 11,7% mientras que el 20% es para papel y cartón.
Todo esto suma casi la mitad de los residuos que se tiran a diario, por ello uno de los aspectos a los que se da más importancia en esta ley es al retorno de esos envases. Así, uno de los apartados que recibirá más atención será el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR).
Recuperar el importe gastado en los envases cuando se devuelven vacíos puede lograr altas cuotas de concienciación en los ciudadanos y de reciclaje, pero es una medida en el aire porque, según se ha calculado, implantar este sistema en España supondría un gasto total de 400 millones de euros, una cantidad de dinero «inasumible» para industrias de distribución, alimentación y pequeño comercio.
Vía: La Voz de Galicia.es