El cierre la semana pasada de dos playas de Málaga capital cercanas al puerto por los altos niveles de una bacteria asociada a las aguas fecales hizo centrar algunas miradas en los barcos que diariamente transitan por la costa. Pese a que existe una estricta normativa internacional que limita el vertido de estos residuos al mar, la realidad es que son pocos los medios disponibles para detectar estos episodios considerados como infracciones graves y que pueden ser multados con elevadas cuantías económicas en el caso de ser detectados.
En el caso de las aguas fecales, también conocida como negras y referidas a las que proceden de los váteres y las zonas de hospital de los barcos, apenas existía ninguna legislación al respecto hasta 2004. A partir de ese momento, el límite que se impuso para que los buques pudieran verter estos residuos es a más de doce millas de la costa, es decir, nunca a menos de 20 kilómetros, a menos que no dispongan de un tanque de retención donde almacenarlas hasta llegar a puerto. Pero, según varias fuentes del sector consultadas por este periódico, la realidad es que son muchos los barcos que vierten cerca de la costa e incluso cuando están atracados en el puerto sin que resulte fácil detectarlo. La dificultad para controlar que esto no se produzca radica en la mayoría de los casos no es tan fácilmente perceptible.
Los más regulados son los buques de crucero o de pasajeros, que están obligados a llevar a bordo plantas de tratamiento para las aguas residuales y verterlas al llegar a un puerto mediante la ayuda de un camión cisterna que se encarga después de recogerlas. Pero también hay otros barcos que disponen de un tanque con un sistema capaz de desmenuzar los residuos procedentes de los váteres de los barcos antes de arrojarlos al mar sólo entre tres y cuatro millas de la costa.
En el caso de las llamadas aguas grises, es decir, las procedentes de los lavabos, las lavadoras, las cocinas o las duchas de los barcos, ni siquiera están reguladas lo que les da carta blanca para arrojarlas “sin control”. Lo paradójico del asunto es que todos estos barcos deben pagar cuando llegan al puerto de destino una tasa ecológica en la que está incluida la descarga de estas aguas residuales, por lo que resulta “incomprensible que las tiren al mar cuando de todas formas van a tener que abonar una cantidad para que las retiren”.
Con la normativa actual en la mano, sólo en los casos en los que se trate de salvar vidas humanas o de emergencia extrema se autoriza el vertido sin control.
Vía: diariodesevilla.es
